En el marco de sus líneas estratégicas de acción el CEPAD ha priorizado temáticas logrando resultados en:

Descentralización Municipal y Descentralización Administrativa

Los procesos de descentralización en Bolivia se profundizan a partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular (Ley 1551 – Promulgada en 1994) ya que hasta entonces el Estado sólo se asociaba y relacionaba para descentralizar los recursos sólo con el nivel departamental.

En la actualidad en Bolivia existen 327 municipios mucho más que antes de La Ley de Participación Popular donde sólo había 24 municipios en todo Bolivia. Cada uno de los Gobiernos Municipales con carácter autónomo está constituido por el Alcalde Municipal y un Concejo Municipal responsable de la administración, ejecución de políticas, proyectos y programas en el área de salud, educación, deportes, cultura, riego y caminos vecinales. Los alcaldes y concejales son elegidos cada 5 años por la población local.

En el año 1996 con la ley de Descentralización Administrativa, que define a nivel departamental las competencias de las Prefecturas, como instancias intermedias de Gobierno y gestoras del desarrollo a nivel departamental, se crea el marco institucional necesario para la construcción de las autonomías departamentales. Estas reformas han abierto el camino hacia un nuevo escenario de inclusión política, económica, social y cultural.

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Fortalecimiento Municipal

La participación popular tiene como finalidad devolver a la sociedad civil, además de la credibilidad en la institucionalidad pública, su incorporación y participación real en el proceso del desarrollo económico, social y cultural en el ámbito territorial local. Este propósito hace que la normatividad reconozca la existencia de las Organizaciones Comunitarias, denominadas de manera genérica como Organizaciones Territoriales de Base, las mismas que son las representativas de la sociedad civil en sus diferentes formas asociativas básicas: Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas, en el ámbito rural, y Juntas Vecinales, en el ámbito urbano.

Para el CEPAD el trabajo con las Organizaciones Comunitarias y con sus formas organizativas superiores, es de prioridad, en tanto que el nuevo sentido histórico del desarrollo es la toma de decisiones de la misma población beneficiaria. Para ello contamos con una serie de actividades planificadas para fortalecer las organizaciones comunitarias mediante diversas acciones de capacitación que generen su mayor incorporación y participación real en la planificación municipal.

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Gestión Pública en Turismo

El crecimiento experimentado por la actividad turística durante el siglo pasado hacen del turismo uno de los fenómenos económicos y sociales más destacables de los últimos tiempos. Según datos de la World Tourism Organization, las llegadas de viajeros en el mundo se multiplicaron por 30 entre el año 1950 y el 2004. Hasta ahora, los principales receptores del turismo mundial han sido los países desarrollados, tendencia que está cambiando y que permite suponer un mayor flujo turístico hacia los países en vías de desarrollo. El aumento de la actividad turística puede convertirse en una fuente de ingresos importante para los sectores más necesitados puesto que al ser intensivo en mano de obra (requiere de bastante personal y por lo tanto genera empleo), permite beneficiar a los sectores deprimidos, que se organicen productivamente para ello.

Los beneficios del turismo, pueden ser especialmente interesantes en las zonas rurales, que generalmente son las áreas más deprimidas, pero con gran potencial. El turismo rural por ejemplo, fortalece la autoestima, revaloriza los encantos y el modo de vida de los pueblos y sus habitantes, fomenta la creación de puestos de trabajo en áreas donde escasean las oportunidades laborales, y en definitiva, puede ser el motor para mejorar las condiciones de una vida digna, logrando entre otros resultados aminorar la migración campo – ciudad. El turismo, en resumen, es un instrumento efectivo de desarrollo económico local que combate la pobreza.

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Planificación Participativa

El Sistema Nacional de Planificación reconoce la metodología de Planificación Participativa como un proceso que efectiviza la participación social en el desarrollo. Permite la articulación entre Estado y Sociedad Civil; y fundamenta la actuación de los Gobiernos Municipales tomando en cuenta los requerimientos de la población.

El CEPAD, en su apoyo al fortalecimiento municipal, trabajó en el diseño de los Planes de Desarrollo Municipal, los Planes Operativos Anuales, reprogramaciones y la propuesta de acciones que contribuyen al fortalecimiento de la aplicación de la metodología.

La línea filosófica de la Ley de Participación Popular incorpora dentro de sus pilares, la actuación de la sociedad civil en la planificación municipal, ejecución y control.

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Gobernabilidad

Se la debe entender como el contar con un equilibrio armónico entre los tres elementos que caracterizan el Estado: Población, territorio y poder. Se trata de garantizar el ejercicio del poder que permita eficacia en el accionar público sin que sea socialmente traumático, es decir lograr legalidad y la legitimidad. Se debe terminar con el concepto de gobernabilidad como el simple logro de pactos entre grupos políticos.

Por otra parte, la Gobernabilidad Local incluye el cumplimiento de condiciones de legitimidad del poder local constituido, contar con espacios de articulación y generación de consenso entre el sector público y privado, contar con un marco de estabilidad política en el relacionamiento de las alianzas políticas municipales, cultura política positiva y pro activa, capacidad de liderazgo de la autoridad política, coordinación efectiva con el Comité de Vigilancia como representante de la sociedad civil, entre otros.

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Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas

El reconocimiento formal por parte del Estado Boliviano de ser un país multiétnico y multicultural fue un primer paso importante para impulsar políticas públicas que incluyan a las comunidades indígenas históricamente marginadas. Si bien existe un avance en la incorporación de los pueblos indígenas a la institucionalidad del Estado, esta deja aún mucho que desear.

La necesidad de pasar de un reconocimiento formal al ejercicio pleno de la ciudadanía requiere de acciones de fortalecimiento y capacitación a las organizaciones indígenas para que comprendan y se incorporen a la institucionalidad del Estado, aprovechando sus ventajas y respetando su cultura propia.

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Consejos Departamentales y Consejos Provinciales de Participación Popular

Entre los principales espacios institucionales que promueven la articulación política en Bolivia, está el Consejo Departamental. Precisamente su diseño responde a la lógica de la Designación Cruzada de sus autoridades, para favorecer niveles que promuevan inversión concurrente y gestión compartida.

Además de los espacios comunitarios y vecinales para la participación directa del ciudadano, la legislación boliviana impulsa los Consejos Provinciales de Participación Popular, para que las organizaciones de la sociedad civil puedan dialogar con las instancias gubernamentales, proveyendo los insumos fundamentales para la planificación departamental del desarrollo.

El CEPAD tiene entre sus principales objetivos fortalecer a los Consejos Departamentales y a los Consejos Provinciales.

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Género y Equidad

Una sociedad democrática debe generar espacios para que las mujeres y los hombres puedan participar sin discriminación en los procesos de gestión de las políticas públicas. Máxime en países como Bolivia, donde la mayoría de la población femenina es relegada a los roles tradicionales.

En sus políticas de fortalecimiento a los procesos de gobernabilidad, descentralización y participación social, el CEPAD aplica el enfoque de género, apoyando la participación de la mujer y del hombre en condiciones de equidad. Por esta razón viene ejecutando acciones que permiten ampliar el entendimiento sobre el significado y los alcances de la gestión municipal con el enfoque de género, encontrando nuevas modalidades de legitimación de las decisiones que asuma la ciudadanía, reconociendo y valorando los diversos intereses que expresan cada sector social.

Bajo esta premisa las acciones están enfocadas a procurar comprometer a todos los actores(as) en los diferentes espacios de acción, como interlocutores (as), no sólo en términos políticos sino también en la capacidad eficiente de manejo y control de recursos públicos en perspectivas de delinear el desarrollo local y regional, en las líneas productivas y participativas.

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Sociedad del Conocimiento y la Información

En esta área se diseñan estrategias y ejecutan programas destinados a fortalecer la participación ciudadana persiguiendo como fin último la democratización y descentralización de la comunicación e información.

En un mundo globalizado se debe tomar conciencia de la importancia del acceso a la información y el buen uso de ella. Los instrumentos de la sociedad de la información son una opción válida para unir el salto tecnológico al desarrollo de la sociedad. Este es un reto para facilitar la relación de lo local con el mundo globalizado. La necesidad de aprovechar los procesos económicos para incorporar la producción local en mercados internacionales. Un acceso con posibilidades significa conocer las reglas de juego de los mercados internacionales, poner en valor las propias posibilidades, requiere de un trabajo sostenido e inteligente que ayude a superar las reacciones adversas que despiertan propuestas de esta naturaleza para alcanzar producción y competitividad.

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Resolución de Conflictos

Las relaciones entre personas, instituciones y gobiernos cada vez son más intensas. El proceso de globalización ha acelerado procesos de interacción y este fenómeno ha incrementado los conflictos de intereses entre actores públicos y privados. En los países en desarrollo, los conflictos más comunes se generan por confrontaciones entre entidades públicas y grupos sociales que demandan algún servicio; estos conflictos generalmente se constituyen en obstáculos para la gobernabilidad y para el desarrollo económico y social del Estado.

El CEPAD trabaja en el ámbito de la resolución de conflictos brindando asesoramiento y asistencia en el manejo de conflictos a gobiernos municipales, organizaciones comunitarias e indígenas y otros actores privados. Esta línea de acción institucional ha tenido interesantes resultados, particularmente en el ámbito de los municipios, donde se resuelven conflictos y a la vez se han creado espacios de concertación para generar desarrollo local, aplicando los principios básicos de nuestra técnica.

Además el CEPAD está desarrollando una línea de investigación en este campo para formular modelos de resolución de conflictos en disputas sobre derechos de propiedad de tierra, problemas de contaminación del medio ambiente y compensación por servidumbre de paso de actividades petroleras.

Además, se han realizado diversas actividades fortalecimiento, apoyando iniciativas de desarrollo local y promoviendo la descentralización de distintas comunidades. Entre otros aportes a los municipios se han dado en el campo del Ordenamiento Territorial, el apoyo a las comunidades Indígenas, el Trabajo en ámbito Internacional y el Fortalecimiento Institucional Municipal. Áreas en las cuales se ha avanzado siempre en constante diálogo con las comunidades.

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Distritación

Es un proceso en etapas sucesivas mediante el cual se busca, al interior del Municipio, organizar Unidades Territoriales equilibradas en población y espacio que se denomina distritos municipales para respetar las estructuras socio-culturales existentes, preservar unidades geográficas de valor ecológico o importancia productiva, resolver conflictos limítrofes, facilitar la prestación de servicios y mejorar la administración municipal.

La Distritación tiene como Objetivos:

  • Preservar y fortalecer las organizaciones sociales y los grupos étnicos, así como las unidades geográficas y productivas de importancia en el territorio.
  • Facilitar la Participación Popular en la Planificación Participativa, y en el Control Social (Comité de Vigilancia).
  • Prolongar la descentralización político – administrativa, hasta el nivel cantonal y/o distrital.
  • Promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio.
  • Facilitar la eficacia en la inversión de recursos de los sectores de salud, educación, etc. para la prestación de servicios.