¨Carlos Hugo Molina, abogado graduado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), estuvo a cargo de todo el proceso que significó la Ley de Participación Popular en la década de los ’90. Nacido en Santa Cruz, tiene postgrados en la Universidad Autónoma de México en Derecho Constitucional y Administrativo. Dentro de la investigación tiene escritos 16 libros en materia jurídica, política y literaria. Actualmente es presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad).
¿Qué resultados dejó la participación popular (LPP)? A partir de la misma se invierte el proceso de responsabilidad pública y se asume que es la gente la que tiene que participar en la solución de sus problemas, eso se vio acompañado con la transferencia de recursos; Bolivia sigue siendo el único país, del sistema interamericano, que transmite la mayor cantidad de recursos a niveles locales, que sería el 20% más otros recursos, además de competencias para que sean desarrolladas a niveles locales. Ayudó también, a rediseñar el territorio boliviano porque antes todo giraba alrededor de los municipios urbanos y las áreas rurales, que significaban el 42% de la población, no tenían autoridades locales.
¿En qué se benefició Santa Cruz? La Corporación Nacional de Desarrollo decidía en la ciudad todo lo que se tenía que hacer en el departamento, en ese momento se llegó a tener 46 socios y se empezó a trabajar con ellos y sus recursos locales. En el caso de la ciudad, la ley confirió competencias en el cobro de impuestos permitiendo un incremento en los recursos.
¿La LPP abrió el camino del proceso autonómico? La autonomía antes era ejercida por municipios urbanos, que eran 24, actualmente la misma reconoce a 337. Bolivia es el único país en el sistema interamericano en donde se ha pasado de un debate de descentralización administrativa a la autonomía.
¿Cuáles son las barreras en el proceso autonómico? Bolivia no es solo un país autonómico sino cuasi federal porque ya están dadas las condiciones para aprobar leyes, tener un parlamento, gestionar recursos y decidir políticas públicas. Lo único que falta es que las asambleas departamentales dejen de ser concejos.
¿Reemplazar la LPP por la Ley Marco de Autonomías fue factible? La misma se convirtió en proceso, y todos los principios de la participación popular son de políticas públicas y están incorporados en la Ley Marco. A los que participamos en la elaboración de la LPP no nos preocupa su abrogración porque la misma pasó a convertirse en proceso.
¿Cuál ha sido el impacto de la LPP en sectores como salud y educación? Cuando se aprobó la ley, la misma se llevó adelante con un modelo que era el posible, debido a que había un debate en la descentralización de la salud y educación. Se buscó un punto intermedio entre la experiencia en Latinoamérica y lo que era necesario hacer en nuestro país, y por eso se planteó que la salud y educación son competencias concurrentes a nivel nacional, departamental y municipal; y al ser concurrente los tres niveles estaban obligados a ponerse de acuerdo para plantear las soluciones. El problema es que ninguno de los tres niveles no se pusieron de acuerdo en la solución.
«Bolivia es el único país latino que ha pasado de la descentralización a la autonomía»
Carlos Hugo Molina
Director del CEPAD
Fuente: EL SOL
