En abril se cumplirán dos décadas de la Ley de Participación Popular, la última medida legal desde la Reforma Agraria que modificó sustancialmente la democracia formal, la relación de los ciudadanos con el Estado y reconfiguró el imaginario territorial con la incorporación, paulatina pero plena, de todos los rincones de la nación.
La Participación Popular fue el único momento real moderno de redistribución de la riqueza y el inicio de la descentralización fortaleciendo los gobiernos locales, aunque el proceso fue truncado por la Ley Corazón de la Megacoalición y por el neo centralismo del actual Estado Plurinacional.
Posiblemente no existirán brindis por la tendencia masista de no aceptar las lecciones de la historia y de sus protagonistas, pero ningún discurso borrará el significado de esa medida en la profundización de la democracia participativa, la incorporación de los actores rurales, la participación del mundo indígena en las primeras planas noticiosas y la visibilización del rol de las mujeres en las políticas públicas.
Fue también una etapa de feliz convivencia entre el Estado, la cooperación internacional que adoptó la agenda boliviana de la coparticipación para la agenda mundial. Aunque las ONGs y la propia Iglesia Católica perdieron parte de su rol de intermediación entre los sectores menos favorecidos y el Palacio de Gobierno, asumieron entusiasmadas los muchos espacios de trabajo que creó la PP. Ninguna ONG europea fue expulsada; al contrario, se dio la bienvenida incluso a las más radicales defensoras del Medio Ambiente o de la coca.
Los antiguos militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) pedían al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que apareciera en los muchos actos y fotos de entrega de fondos de la PP, pero él se negó y eso la historia recordará. Igual que al esfuerzo de la inteligencia cruceña al mando de Carlos Hugo Molina y muchos otros “cambas”. Ningún ministro de Comunicación censuró a José Luis Exeni por escribir sobre el proceso de la comunicación descentralizada que acompañó a la PP.
Es posible que el error más grande de esa normativa fuese la percepción de que no era fruto de luchas y muertes, sino que llegó desde “arriba”, incluso fue “ley maldita” hasta que el pueblo entendió su dimensión. Sus resultados son irreversibles, tanto en la infraestructura económica como en la superestructura política. Entonces se entregaba dinero con base en normativa, en relaciones institucionales, sin que ningún alcalde (o su representante, joven concejala) se tenga que humillar para presentar un proyecto de agua potable para La Paz.
La autora es periodista
Fuente: EL DEBER; LOS TIEMPOS
