Al cumplirse este 20 de abril, veinte años de vigencia de la Ley de Participación Popular en el país, el abogado y analista político Carlos Hugo Molina, que fue parte del equipo de profesionales que diseñó la ley, recordó que uno de los grandes impactos políticos que tuvo esta normativa fue la irrupción de nuevos liderazgos y la incorporación de territorios al desarrollo nacional.
“A sólo tres años del proceso de participación popular ya se habían incorporado 12.000 organizaciones indígenas, vecinales y campesinas con personalidad jurídica propia, y que eso significaba la irrupción de un nuevo liderazgo”, recordó Molina.
El analista mencionó que en aquel tiempo (1994) existían 186 municipios y que sólo 24 administraban recursos. Tenían esa facultad las poblaciones que generaban actividad productiva y económica. El 86% de todos los ingresos municipales se distribuía en los departamentos del eje central.
“Eso fue lo que convenció finalmente al Presidente, al gabinete y al Parlamento. Demostramos que esa forma de administrar el país lo hacía absolutamente inviable, que esos niveles de gestión imposibilitaban el desarrollo de capacidades locales, truncaban los sueños de la gente para poder administrar sus recursos y para poder diseñar su futuro”, señaló Molina.
La Ley de Participación Popular fue promulgada el 20 de abril de 1994.
Fuente: ERBOL
