Rubens Barbery Knaudt, Director CEPAD
El 20 de abril se conmemoran los 15 años de promulgación de la Ley de Participación Popular, norma que inicia el proceso de descentralización boliviano, transfiriendo recursos y competencias a los gobiernos municipales autónomos, además de abrir espacios de participación ciudadana sin precedentes en el país.
La importancia de la descentralización radica en que busca acercar la gestión pública al ciudadano, incorporando mecanismos de participación ciudadana que mejoren las acciones del aparato público. La combinación entre eficiencia y participación social sólo es posible con marcos institucionales claros y fortalecidos, con instancias públicas que conozcan y puedan administrar el territorio bajo su jurisdicción. Estas consideraciones técnicas fueron la base para que en el año 1994 se considere la sección de provincia como el espacio geográfico para el desarrollo y la gestión territorial, y a la organización territorial de base como el sujeto de la descentralización.
Luego de 15 años de aplicación práctica podemos mencionar, entre otros, los siguientes resultados del proceso:
- El Estado boliviano reconoce la diversidad de usos y costumbres como mecanismo formal de organización social.
- Reconoce a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) como sujetos de derecho del Estado boliviano: hasta antes de la Participación Popular, las diferentes formas de organización social no formaban parte de la formalidad del Estado.
- Los gobiernos municipales adquieren la calidad de gestores territoriales de desarrollo, con recursos y competencias propias.
- El Estado boliviano pasa de ser una entelequia a tener presencia física en todo el territorio nacional.
- La descentralización política del Estado fortaleció la democracia boliviana abriendo espacios de participación ciudadana, aproximando la gestión pública al ciudadano, fortaleciendo la gobernabilidad con autoridades legítimas y bajo marcos de legalidad, e institucionalizando las demandas sociales.
- Se abre la posibilidad de contar con espacios de articulación pública-privada, que de forma complementaria promuevan el desarrollo económico local.
- Se definen instrumentos de inversión concurrente entre niveles de gobierno bajo el principio de subsidiariedad.
- Se establece como mandato de ley la planificación participativa como instrumento de gestión pública.
Aún falta mucho por hacer, pero sin duda alguna el país tuvo un avance significativo luego de la Ley de Participación Popular.
