La Ley de Participación Popular, promulgada el 18 de abril de 1994, estableció nuevas formas para enfrentar la pobreza, a partir de la planificación participativa, desde la comunidad misma -la unidad básica de planificación participativa- donde, sus pobladores, identificaban necesidades para priorizarlas, a fin de concertar, al interior de la Sección Municipal, su incorporación en Planes de Desarrollo Municipal quinquenales; apoyados en recursos del Estado central en función del número de habitantes y de los provenientes del alivio a la pobreza (HIPC).
Esta ley, en principio resistida por las organizaciones sociales, porque incorporó el denominativo genérico de Organización Territorial de Base (OTB) y la consiguiente susceptibilidad de la desaparición de los poderosos sindicatos agrarios, instituido con la reforma agraria del 2 agosto de 1953. En escaso tiempo, esta ley “maldita”, pasó a primeros planos, puesto que no atentaba contra esa forma organizacional y más bien, fortalecía la democracia participativa, entre ellos, la elección de alcaldes y concejales, en todas las secciones municipales.
Los comités de vigilancia, conformados, mayoritariamente, de entre la parcialidad de los alcaldes, principio de malos manejos de esos exiguos recursos; puesto que esos vigilantes, miraban al lado opuesto de esos cuestionados manejos administrativos; que hoy se han incrementado a niveles alarmantes.
A 18 años de su promulgación, la Ley Nº 1551 de Participación Popular, ha cumplido, con creces, sus objetivos de incorporar a todos los bolivianos en la planificación participativa, desde las comunidades, OTBs, capitanías, ayllus, hasta otras organizaciones sociales. También, inobjetablemente, contribuyó al ascenso de Evo Morales, a la presidencia de la República y del Estado Plurinacional, en justas electorales y con amplia mayoría.
Hoy, los planes y programas municipales y departamentales se concentran en inversiones, generalmente, fijas improductivas y consiguiente baja ejecución presupuestaria; frente a la alternativa de incursionar en megaproyectos para producir la seguridad alimentaria, enfrentar la baja ingesta y lento desarrollo, entre otros graves, que atacan a los más de dos millones de escolares bolivianos. Invertir en planes y programas para reponer la selva, el bosque y la cobertura vegetal, afectados por erosión alarmante a consecuencia de la deforestación, principalmente, y como fuentes de trabajo para miles de bolivianos cesantes. Recuperar los grandes ríos –tarea vital- de la cuenca del Plata, altiplano y Amazonia boliviana. No se conoce de nuevos yacimientos mineros; sin embargo, los existentes y sus bajos volúmenes, generan importantes ingresos, bendecidos, por los altos precios internacionales.
Paradójicamente, los mayores reservorios de gas (Margarita-Huacaya), superan límites departamentales, y aporta poderosos ingresos al Erario Nacional, es, también, causa de desencuentro a falta de políticas de Estado. En resumen, la planificación participativa, cumplió su rol y requiere de un nuevo escenario, superior, por supuesto, como el distrito al interior de la Circunscripción electoral, para desarrollar de manera planificada y en medio de infaltable paz social.
Esta ley, en principio resistida por las organizaciones sociales, porque incorporó el denominativo genérico de Organización Territorial de Base (OTB) y la consiguiente susceptibilidad de la desaparición de los poderosos sindicatos agrarios, instituido con la reforma agraria del 2 agosto de 1953. En escaso tiempo, esta ley “maldita”, pasó a primeros planos, puesto que no atentaba contra esa forma organizacional y más bien, fortalecía la democracia participativa, entre ellos, la elección de alcaldes y concejales, en todas las secciones municipales.
Los comités de vigilancia, conformados, mayoritariamente, de entre la parcialidad de los alcaldes, principio de malos manejos de esos exiguos recursos; puesto que esos vigilantes, miraban al lado opuesto de esos cuestionados manejos administrativos; que hoy se han incrementado a niveles alarmantes.
A 18 años de su promulgación, la Ley Nº 1551 de Participación Popular, ha cumplido, con creces, sus objetivos de incorporar a todos los bolivianos en la planificación participativa, desde las comunidades, OTBs, capitanías, ayllus, hasta otras organizaciones sociales. También, inobjetablemente, contribuyó al ascenso de Evo Morales, a la presidencia de la República y del Estado Plurinacional, en justas electorales y con amplia mayoría.
Hoy, los planes y programas municipales y departamentales se concentran en inversiones, generalmente, fijas improductivas y consiguiente baja ejecución presupuestaria; frente a la alternativa de incursionar en megaproyectos para producir la seguridad alimentaria, enfrentar la baja ingesta y lento desarrollo, entre otros graves, que atacan a los más de dos millones de escolares bolivianos. Invertir en planes y programas para reponer la selva, el bosque y la cobertura vegetal, afectados por erosión alarmante a consecuencia de la deforestación, principalmente, y como fuentes de trabajo para miles de bolivianos cesantes. Recuperar los grandes ríos –tarea vital- de la cuenca del Plata, altiplano y Amazonia boliviana. No se conoce de nuevos yacimientos mineros; sin embargo, los existentes y sus bajos volúmenes, generan importantes ingresos, bendecidos, por los altos precios internacionales.
Paradójicamente, los mayores reservorios de gas (Margarita-Huacaya), superan límites departamentales, y aporta poderosos ingresos al Erario Nacional, es, también, causa de desencuentro a falta de políticas de Estado. En resumen, la planificación participativa, cumplió su rol y requiere de un nuevo escenario, superior, por supuesto, como el distrito al interior de la Circunscripción electoral, para desarrollar de manera planificada y en medio de infaltable paz social.
Fuente: OPINION
