La Participación Popular se convirtió en la base para que el Estado boliviano avance en el proceso de autonomía departamental, municipal e indígena que contempla la Constitución vigente desde hace más de 15 meses. Ese es el criterio del abogado Carlos Hugo Molina, uno de los autores de la Ley 1551, que hoy cumple 16 años de su promulgación.
Según Molina, la Participación Popular forma parte de los conceptos autonomistas porque, en su momento, significó una revolución en el sistema administrativo estatal, ya que permitió la descentralización de los recursos, y transfirió competencias y poder político a los municipios.
“Esta ley se constituye en un avance de la democracia boliviana porque permite recuperar el territorio, el concepto de población e hizo que la gestión pública llegue al nivel básico; es decir, los municipios se convirtieron en instrumento de desarrollo y administradores de los recursos del Estado para que la gente pueda vivir mejor”, afirmó el autor de la ley.
Por su parte, el también abogado y especialista en gobiernos municipales, José Luis Santistevan, señaló que la Participación Popular permitió que poblaciones que jamás habían recibido recursos del Estado, los obtengan de forma democrática para impulsar el desarrollo de los pueblos.
Santistevan también reconoció que la Ley 1551 sentó las bases para el proceso autonómico, aunque cuestionó que la Participación Popular no haya tomado en cuenta a los gobiernos intermedios, es decir a las prefecturas, para consolidar los gobiernos departamentales.
Sin embargo, Molina recordó que la Participación Popular dio origen al desa-rrollo económico y local de las mancomunidades. “Ésa es la base en la que se construyen las autonomías departamentales”, reiteró. Sobre su posible derogación, indicó que “las leyes se pueden eliminar, pero no los procesos y lo que está intentando el Gobierno es sacarse de encima el instrumento que abrió la posibilidad de desarrollarse desde el punto de vista institucional”, acotó Molina.
Fuente: El Deber
