“La descentralización del poder a nivel municipal ha tenido una importancia crucial para la reestructuración del Estado boliviano y lo más interesante es que recién hoy día estamos viendo  los resultados estructurales”.

 La Ley de Participación Popular fue inmediatamente promulgada, una hora después de que fuera aprobada en el legislativo. Era el miércoles  20 de abril  de 1994. Al día siguiente, el titular  de  Presencia no pudo ser más elocuente:  “La participación popular ya es ley de la República”.

La vertiginosa puesta en marcha de la ley -durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada- “municipalizó” al país y abrió un proceso de descentralización sin parangón en la historia nacional. Pero no sólo eso,  los  resultados de ese paso configuraron en buena medida la “Bolivia de hoy”,  y los actores políticos que en la actualidad  tienen peso preponderante.

“La descentralización del poder a nivel municipal ha tenido una importancia crucial para la reestructuración del Estado boliviano, y lo más interesante es que recién hoy día estamos viendo  los resultados estructurales”, explica la  investigadora y politóloga Moira Zuazo.  

¿Pero cuál es la valoración de estos 20 años? ¿Cuáles son las luces y  las sombras de esa reforma? A parte de Zuazo, sobre ello también reflexionan  Carlos Hugo Molina, quien lideró el diseño de la Ley de Participación Popular, e Iván Árias, municipalista e impulsor  de esa experiencia.   

Salvando las particularidades, los puntos de análisis de los consultados se centran en que  esa norma  logró democratizar y transferir poder del Estado central a los municipios, además que les dio nuevas competencias y recursos  e incluyó a nuevos actores  sociales en la administración del Estado.

Zuazo detecta dos “efectos” de la puesta en vigencia de esa ley: por un lado, la creación de espacios donde se disputa el poder a nivel local (311 municipios entonces, hoy 337); y el haber generado el cambio de  la visión de los bolivianos sobre el poder: de ya no verlo como “algo lejano” -ubicado en la  plaza Murillo- sino como “algo cercano”, que involucra a todos.   

“Con la participación popular empezamos a mirar democracia como descentralización; a pensar que la democracia sólo es posible llevando esta democracia a todos los espacios, a todos los rincones, especialmente los rincones rurales de Bolivia”, afirma.

Voluntad y “largo aliento”  

La puesta en marcha de la norma, refieren los protagonistas, tuvo la venia  del Gobierno de entonces, sin la cual no se hubiera podido proceder con la reforma, explica Carlos Hugo Molina, quien relata además que  entonces el MNR    “aceptó” ese proceso y optó por transferir poder, recursos y competencias a los municipios. 

Iván Árias comenta que se partió en ese trayecto   a sabiendas de que sería un proceso de largo aliento y que requería -y quiere aún-  paciencia.  “Apostamos a favorecer los poderes locales como forma no sólo de ejercicio político, sino ante todo como práctica de desarrollo económico”, afirma.

Pero este proceso no está exento de bemoles. Del lado de las debilidades  se identifica la falta de incidencia en la  institucionalidad. Zuazo considera que ello debe asumirse “autocríticamente”.

“Ha sido adecuado y positivo que se haya hecho una reforma y se haya implementado en todo el país, pero  creo que nos ha faltado una reflexión acerca de la institucionalidad que debía acompañar, que tenía que estar presente para fortalecer precisamente la democracia que se estaba abriendo con esta descentralización del poder”, explica Zuazo.

Del MAS y su derrotero

El proceso de municipalización, que comenzó en 1994, es uno de los cuatro  factores que tienen que ver con el surgimiento  del MAS en la palestra política,  según el estudio  ¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia, de Zuazo.

Los otros factores que se detectan son: la emergencia politizada de la ruptura campo-ciudad, la crisis del modelo económico neoliberal y la visibilización social de la deuda social que el modelo genera, y la crisis de la representatividad de los partidos tradicionales.

Con esos antecedentes surge la pregunta: ¿Sin la Participación Popular se hubiera acelerado el advenimiento del partido de gobierno? “Yo creo que el MAS es hijo de este proceso de ampliación de democracia que todavía no ha acabado”, replica Zuazo.

“El proceso del MAS -agrega-,  que proviene  de  procesos organizativos de las organizaciones sociales campesinas y algunas indígenas, es  de larga data y tenía su propio camino. Yo creo que la pregunta es ¿cuál hubiera sido el derrotero sin participación popular? Me atrevo a decir otro no hubiera sido por la vía de la democracia”.

¿Pesimismo?

No obstante, después de  20 años de la puesta en marcha de la Participación Popular,  y cuatro años de la aprobación de la nueva  Constitución, Arias es pesimista en torno a las autonomías, y sostiene que “la evaluación sobre los avances autonómicos es deprimente”.

Detecta que las razones    tienen que ver con los propios actores: alcaldes, concejales, gobernadores, asambleístas y con los factores externos, focalizados en el Gobierno.  

Uno de esos factores de los que habla está relacionado con la idea de que  “el lente está puesto en otro horizonte”. Arias sostiene que  “las autonomías no son prioridad en una gestión pública”, que está centrada en el avance de las grandes empresas estatales. “El 75% de los recursos presupuestados en el Plan Para Vivir Bien tiene  un destino: las industrias extractivas”, dice.

Cuando se aprobó la Ley de Participación Popular,  el Estado enfatizó que el texto  incorporaba a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas a la vida política y económica del país.

Aquel 14 de abril de 1994, tras la aprobación de la norma y al abandonar el Palacio, Goni  destacó su importancia y dijo que   “distribuye con equidad y sentido de justicia los recursos del Gobierno central”.

El exmandatario cerró entonces  su declaración con una frase, que a la luz de  los cambios que vivió  el país y tras su estrepitosa salida de la Presidencia,  suena sorprendente: “se trata del reconocimiento de las comunidades y del pago de una deuda  de hace 500 años”.

Carlos Hugo Molina  lideró el diseño de la Ley de Participación Popular  
 “Quienes la ignoran desconocen el origen de su propia historia”

Carlos Hugo Molina, uno de los impulsores del proceso de  la Participación Popular, responde al cuestionario de Ideas.

¿Cuál es la significancia que tiene la Participación Popular para la “Bolivia de hoy”?

La incorporación plena a la vida cotidiana de categorías como ciudadanía, autonomía, territorio, transferencia de poder, competencias y distribución automática y efectiva de recursos a los municipios, departamentos y universidades; masificación de la gestión pública, incorporación de los actores sociales a la administración del Estado, reconocimiento de la diversidad cultural, multiplicación de liderazgos, creación de mancomunidades municipales, planificación participativa y desarrollo económico local, como políticas públicas… cada una de ellas  forma  parte del ideario y de la práctica de la democracia boliviana actual.

¿Cómo se pudo dar un proceso  de esta naturaleza, habida cuenta que los poderes tienden a concentrar más poder?
El Gobierno aceptó que no podía manejarse el país desde el Palacio Quemado y desde las nueve capitales departamentales, y que transfiriendo poder, recursos y competencias, se podían desatar las capacidades creativas y construir desarrollo responsablemente.

La Participación Popular fue al aporte boliviano a los procesos de descentralización en América Latina y un modelo de gestión válido hasta ahora por su componente de contraloría social, gestión del desarrollo y fortalecimiento municipal. En muy poco tiempo, producto de las explicaciones y la socialización del proceso, se libró del estigma de “ley maldita” y se impuso por la apropiación que los propios líderes hicieron de ella, en todo el país. Es de justicia decir que no habría podido lograrse si el Poder no lo aceptaba… Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas y Miguel Urioste, con sus partidos, fueron los que garantizaron las decisiones políticas en el marco del Plan de Todos.

¿Cuál es el balance que hace a 20 años de la promulgación de la Ley de Participación Popular?  

Nos tocó reinventar el país. No existían límites ni mapas municipales, los municipios terminaban en el radio urbano, el 42 % de la población no elegía a sus autoridades municipales, las organizaciones territoriales de base (juntas vecinales, organizaciones y pueblos indígenas y campesinos) asumían una conducta reivindicatoria y confrontacional por legítimos derechos. La gestión pública llegaba  con los clasificadores presupuestarios y los sistemas de control, solamente a los poderes centrales, sus agencias, a nueve corporaciones, nueve prefecturas y 24 municipios que administraban recursos.

 Lo más complicado en ese escenario  fue apoyar la construcción de un Estado más allá del corporativismo, de los gremios, de los intereses de grupo, que eran quienes, bajo presión, lograban sus ventajas. La dinámica obligó a los partidos políticos a desconcentrarse y trabajar más con la gente.

¿Las sombras?, con el listado anterior es imposible suponer que no existieron; de cada uno de los puntos surgía un rosario de dificultades que debían resolverse en el tiempo; sin embargo, los detractores originales ya no existen y los que ignoran actualmente a la Participación Popular, desconocen el origen de su propia historia.
¿De qué forma se puede aprovechar mejor la Participación Popular, a la luz del proceso autonómico en curso?

La Participación Popular dejó de ser hace mucho tiempo una ley para convertirse en un proceso. Como tal, no habría podido lograrse sin acciones previas de la democracia boliviana.

Aunque existen otros antecedentes históricos, es la Guerra del Chaco la que nos obliga a sincerarnos y reconocernos; la Revolución del 9 de Abril, la fundación de la COB, Conaljuve, CSUTCB, CIDOB, las corporaciones regionales de desarrollo, las luchas cívicas por la descentralización, la aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley SAFCO, el censo del año 1992, las organizaciones no gubernamentales fueron los instrumentos que ayudaron a sumar las posibilidades de una medida necesaria.

Los medios de comunicación social se sumaron responsablemente a la construcción de ciudadanía y se asoció la Participación Popular, con una fiesta. Los actuales programas sociales del Gobierno  se asientan en ese andamiaje, indiscutiblemente.

 Lo más complicado en ese escenario    fue apoyar la construcción de un Estado más allá del corporativismo.

Fuente: PAGINA SIETE

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