El viernes se cumplirán 18 años de la promulgación de la Ley de Participación Popular, una norma que dio paso a una profunda revolución en el país. De pronto, el ciudadano de a pie encontró en su correspondiente gobierno municipal un canal directo para relacionarse con los organismos del poder.
Esta norma permitió descentralizar recursos, competencias y el poder político hacia el nivel municipal, que hasta 1994 existía y funcionaba solamente en las capitales departamentales y en algunas ciudades intermedias.
Esta norma permitió que se ampliara el universo de municipios del país hasta alcanzar actualmente 337 en todo el territorio nacional y dejó prácticamente sin razón de ser a las provincias, que deben su existencia a la presencia de los subgobernadores y a que en capitales de provincia funcionan algunos juzgados.
Las provincias, sin embargo, reciben recursos desde la Gobernación del Departamento. A diferencia de lo que ocurre con los municipios, las subgobernaciones no cuentan con ingresos propios.
La Ley de Participación Popular permitió, por ejemplo, que el desayuno escolar llegara a la mayor parte de los municipios del país, que las poblaciones más importantes y las más pequeñas sean capaces de decidir cuáles son las obras y actividades prioritarias por desarrollar sin tener que esperar la buena voluntad del poder central municipal o de las ya desaparecidas prefecturas.
El avance ha sido, sencillamente, espectacular. En 18 años, todos los rincones del país han recibido recursos en mayor o menor medida y han podido administrarlos.
Es evidente que hubo y habrá problemas, corrupción, malos manejos, acciones políticas cuando menos discutibles, como el acoso político o las suspensiones arbitrarias de autoridades, pero es también evidente que esas acciones forman parte de la democratización de la política.
Es evidente que hubo y habrá problemas, corrupción, malos manejos, acciones políticas cuando menos discutibles, como el acoso político o las suspensiones arbitrarias de autoridades, pero es también evidente que esas acciones forman parte de la democratización de la política.
Inclusive el actual proceso de cambio es producto de la acumulación de poder de fuerzas populares que antes de esta norma no sólo estaban invisibilizadas, sino que no tenían la menor posibilidad de expresar cosas.
Las organizaciones sociales pudieron dar el paso hacia la política a partir de su participación en las actividades municipales, desde donde trascendieron al ámbito regional, departamental y nacional, en última instancia.
Los municipios han sido el mejor escenario para que se quebrara el monopolio de los partidos políticos y se convirtieron en espacios de profundo debate sobre temas locales, que repercuten en el espectro nacional.
La distribución de los recursos entre los gobiernos municipales con base en criterios de territorio, población y pobreza ha dado lugar a que la riqueza llegue a todo el país, aunque los niveles de inequidad mantienen profundas brechas entre los bolivianos.
La participación popular seguirá su avance. Los municipios cobrarán cada vez más importancia en la medida en que ejecuten sus atribuciones constitucionales.
Fuente: LA PRENSA
