Para el ex ministro y principal impulsor de la Ley de Participación Popular, Carlos Hugo Molina, el proceso actual que se vive en el país, a partir de la renovación de autoridades locales y la implementación de nuevos niveles de autonomía, pone a prueba todo el instrumental democrático que se ha construido colectivamente en el país a partir de la participación popular.
“Estamos frente a una prueba, a una prueba de consistencia. Se va a ver si todo lo que hemos avanzado, construido efectivamente en estos 16 años de vigencia de la Participación Popular, logra ser un instrumento real y efectivo de desarrollo y dar respuesta a la gente”, advirtió Molina a propósito de la celebración este 20 de abril, de un año más de la vigencia de la Ley de Participación Popular, uno de los instrumentos que consolidó la autonomía municipal en el país.
Aunque precisó que esos resultados en gran medida van a depender de la voluntad política de quienes asuman el 30 de mayo próximo la conducción de los municipios, sean oficialistas u opositores, porque lo que favorece a uno en un lugar, perjudica a otro.
Según Molina el proceso que se ha vivido en el país, hasta llegar a la creación de nuevos niveles territoriales de autonomía (departamentales, regionales, municipales e indígenas) y su reconocimiento en la Constitución Políticas del Estado, no podría entenderse sin la Participación Popular que consolidó la autonomía municipal y permitió la administración de los recursos económicos y la gobernabilidad a niveles locales, la incorporación de nuevos actores reales y efectivos en la ejecución de la inversión y estableció las condiciones sociales y jurídicas para que esas unidades autónomas puedan funcionar.
Pero para Molina, el reconocimiento constitucional de las autonomías aún no es suficiente, pues ese mandato constitucional, los principios teóricos y conceptuales incorporados en la Carta Magna, tiene que acompañarse de medidas políticas y legales para que las autonomías puedan funcionar efectivamente.
Fuente: Los Tiempos
